JUSTICIA TRANSICIONAL Y DERECHOS HUMANOS EN EL PROCESO DE PAZ DE EL SALVADOR: DEUDAS A LAS VÍCTIMAS 26 AÑOS DESPUÉS

Carlos Alberto Gómez

Resumen


El artículo evalúa la protección a los derechos humanos que enfrentaron las víctimas del conflicto armado en El Salvador luego de la firma de la paz.

Al inicio se presenta una evolución de los pactos previos que darían el marco político y jurídico para la firma del Acuerdo de Chapultepec en 1992. Este fue suscrito por la guerrilla del FMLN y el Gobierno de El Salvador luego de ocho años de negociaciones y puso fin a la guerra civil que dejó más de 75.000 asesinatos. El núcleo del artículo narra la aprobación de las leyes de amnistía que entraron a desconocer elementos claves en los acuerdos que buscaban erradicar toda impunidad. Finalmente, 26 años después de haber implementado un modelo de Justicia Transicional el Estado se ha visto enfrentado a demandas internacionales que denotan el incumplimiento hacia las víctimas del conflicto. Adicionalmente, se siguen presentando a la fecha reclamaciones internas que evidencian cómo el centro de la pacificación de la nación fue el victimario, dejando de lado el resarcimiento a las víctimas. 


Palabras clave


Derechos Humanos; Justicia Transicional; proceso de paz; amnistía; víctimas

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NOTAS:

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Esta declaración se encuentra vigente desde el 02/05/48.

Cuyos años más cruentos se registran entre 1980 a 1982.

Ciudad de México, 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, donde se acordó cesar el enfrentamiento armado desde el 1 de febrero de ese año.

Estas etapas exploratorias se dan en los procesos de paz y generalmente tardan mucho tiempo en avanzar, sin embargo llama la atención lo rápido que estos acercamientos consolidaron las negociaciones para firmar el Acuerdo de Paz.

En esta ocasión se emitió el primer documento oficial entre las partes conocido como el Comunicado conjunto de Ayagualo.

La Declaración de Esquipulas I fue suscrita por los mandatarios de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica.

Los países garantes de los acuerdos de Esquipulas eran los integrantes del Grupo de Contadora conformado por Colombia, Venezuela, México y Panamá.

El respaldo se plasmó por medio de la Resolución 637 del 27 de julio de 1989 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Al ser el principal perpetrador en los abusos sobre la población, era fundamental procurar un nuevo ejército no deliberante ni interviniente en las decisiones políticas como la había sido hasta ahora, la depuración de esta entidad estatal era clave en el avance de las negociaciones y de la pacificación del país.

La agenda de los acuerdos incluían la restructuración de las Fuerzas Armadas, del Sistema Judicial, del Sistema Electoral, pero sobre todo la protección a los Derechos Humanos y adicional una Reforma constitucional, además de un Foro nacional sobre el Problema económico y social y una Verificación por Naciones Unidas.

Respaldo de las Naciones Unidas que se consolidó en la Resolución 693 del 20 de mayo de 1991 del Consejo de Seguridad.

Las otras misiones fueron: Militar y de Policía 14 de enero de 1992 y la Electoral que operó entre 1993 y 1994.

De julio de 1991 a abril de 1995.

Entiéndase los más representativos que se convirtieron en símbolo de la violencia política ya que sería imposible investigar todos los delitos, ante lo cual optaron por su priorización.

Excluyendo a los delitos de extorsión y secuestro o delitos con ánimo de lucro, redactado en el artículo 3º.


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