Responsabilidad del estado por el no otorgamiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena
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Abstract
Es importante establecer que la suspensión condicional de la pena es una herramienta jurídica que hace parte de los mecanismos sustitutivos de privación de libertad contemplada en la ley y aceptada por el ordenamiento jurídico colombiano en su jurisprudencia y doctrina.
Al ser utilizada en agentes que hayan cometido delitos cuyas penas sean inferiores a tres (3) años, es decir, para casos de delitos leves, los delincuentes ocasionales o accidentales que se consideran poco peligrosos, la pena corporal no es necesaria ni eficaz, tanto para ellos como para la sociedad; en estos casos la ejecución de la pena no cumpliría con las finalidades previstas por el legislador.
Para que la suspensión de la pena cumpla con su fin, que es el de hacer que la conducta delictiva del sujeto no se vuelva a manifestar, está condicionada al cumplimiento de ciertas reglas de conducta que la misma ley establece.
Cuando se cumplen dichos requisitos los cuales han sido fijados estrictamente por el legislador es obligación del juez penal otorgar dicho beneficio sin pretexto alguno ya que debe ceñirse a la ley penal bajo los preceptos de igualdad y justicia.
Es importante señalar que cuando se cumplen los requisitos y el juez no otorga dicho beneficio se puede decretar la responsabilidad del estado basado en la adopción de una decisión judicial que resultaron adversas, y cuyo fundamento jurídico fue errado.
Al ser utilizada en agentes que hayan cometido delitos cuyas penas sean inferiores a tres (3) años, es decir, para casos de delitos leves, los delincuentes ocasionales o accidentales que se consideran poco peligrosos, la pena corporal no es necesaria ni eficaz, tanto para ellos como para la sociedad; en estos casos la ejecución de la pena no cumpliría con las finalidades previstas por el legislador.
Para que la suspensión de la pena cumpla con su fin, que es el de hacer que la conducta delictiva del sujeto no se vuelva a manifestar, está condicionada al cumplimiento de ciertas reglas de conducta que la misma ley establece.
Cuando se cumplen dichos requisitos los cuales han sido fijados estrictamente por el legislador es obligación del juez penal otorgar dicho beneficio sin pretexto alguno ya que debe ceñirse a la ley penal bajo los preceptos de igualdad y justicia.
Es importante señalar que cuando se cumplen los requisitos y el juez no otorga dicho beneficio se puede decretar la responsabilidad del estado basado en la adopción de una decisión judicial que resultaron adversas, y cuyo fundamento jurídico fue errado.
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Por medio de esta comunicación certifico que el artículo que estoy presentando para posible publicación en la revista Iter Ad Veritatem, es de mi entera autoría, siendo sus contenidos producto de mi directa contribución intelectual. Todos los datos y alusiones a otras publicaciones en el documento están debidamente identificados con su respectiva cita y referencia. Declaro que el material presentado se encuentra conforme a la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual. Por lo tanto, me hago responsable de cualquier reclamación relacionada con su transgresión. En caso de que el artículo presentado sea publicado, manifiesto que cedo plenamente a la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, los derechos de reproducción del mismo. Como contraprestación de la presente cesión, declaro mi conformidad de recibir tres (3) ejemplares del número de la revista en que aparezca mi artículo.
References
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